La ministra de Igualdad del Gobierno español acaba de anunciar la ampliación del aborto. Es una paradoja que, quien, se supone, ha de velar de un modo especial por la igualdad de derechos y oportunidades de los ciudadanos, promueva la desigualdad del derecho a la vida.
El PSOE empañó la naciente democracia española con la ley del aborto de 1985. Si el franquismo conculcó la libertad política; la democracia, de manos del PSOE, conculcado el derecho a la vida.
Más de un millón de españoles no han visto la luz gracias a los gobiernos del PSOE (1982-1996 y 2000-2008) y a la complicidad de los gobiernos del PP (1996-2004). Porque el PP, a pesar de que recurrió en su día la ley del aborto, no la abolió durante su mandato.
Garzón podría investigar las víctimas del aborto, superiores a los muertos durante la preguerra, la guerra, y la postguerra.
El PSOE y el PP han configurado un Estado injusto, que no garantiza el derecho a la vida, soporte de los demás derechos. Es la principal quiebra de nuestro sistema democrático: un millón de víctimas inocentes a las que hay que sumar el millón de mujeres a quienes se ha abandonado en su maternidad; y el millón de hombres cómplices de homicidio por inducción u omisión.
La honestidad de un político se mide por cómo trata a los que no pueden votarle, por falta de edad o enajenación mental.
Si el Estado pretende defender la vida frente a los terroristas y a los violentos domésticos, ha de garantizar en primer lugar que nadie pierda la vida bajo el amparo legal.
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